De los daños sufridos por los ataques del lobo venían advirtiendo desde tiempo atrás los propios ganaderos de la sierra del Cuera, área considerada sin embargo como libre de cánidos. La presencia esporádica que figuraba sobre papel ya no es tal según explicó ayer el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, quien reconoció que «el Cuera es una zona con presencia de lobo recurrente». «Hasta ahora no estaba dentro de la zonificación de presencia de lobo, con lo que ya estamos en una situación distinta en la que es necesario activar todas las iniciativas de prevención», apuntó durante su visita a Peñamellera Baja, uno de los concejos afectados. El consejero recordó que está en marcha la revisión del programa de control para 2021y 2022 y que en «la zonificación que ya se está estableciendo en función de los censos», el Cuera figura como área a tener en cuenta de cara a actuaciones. Más incluso si «son los propios ganaderos quienes lo plantean», como es el caso. Como «líneas de trabajo fundamentales», el titular de Medio Rural apeló a «utilizar cercados de refugio y poder financiar esas infraestructuras», con el fin de que el «conflicto se pueda llevar en unas condiciones que no afecte de manera decisiva a la rentabilidad de la ganadería».

En cuanto a los controles, esporádicos hasta la fecha, indicó que «ha habido cuando ha sido necesario». «Las zonas con presencia de lobo tienen un cupo establecido, las zonas donde no tenían presencia estable también puede tener una situación de controles justificada, pero sin cupo», precisó. Frente la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir el cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), reiteró la postura del Principado de defender sus planes de gestión. «Es un conflicto en el que todos tenemos que remar para seguir pudiendo gestionarlo», dijo.

El alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, señaló por su parte que tanto el suyo como más ayuntamientos con territorio en el Cuera apuestan por que se mantenga como zona libre de lobos. En su caso, lanzó además la propuesta de incorporar Uzllaves, «un trozo de nuestro municipio que ni es del Cuera ni es Parque Nacional». En materia de fauna, trasladó también al consejero la petición de los pescadores del Cares-Deva de «eliminar algún cormorán más», pues «creen que es el que más daño está haciendo». También a instancia de los pescadores reclamó medidas «en cuanto a normativa, quitar alguno de los acotamientos o dejar alguna zona libre más para los ribereños». Calvo afirmó que en el departamento que dirige son «muy sensibles a la opinión de los ribereños» y apeló a los planes de cuenca como «la forma ideal de abordar cada una de las situaciones en cada río», de modo que «cada uno disponga de un plan de gestión como estamos trabajando en los espacios naturales protegidos».

En materia de inversiones, Fernández y Calvo repasaron las principales actuaciones previstas en Peñamellera Baja, con la reforma integral de la carretera AS-343 como principal proyecto. A esa vía que conecta Puertas con Panes por Villanueva destinará la Consejería más de 700.000 euros, como ya habían comprometido. Los primeros 200.000 se invertirán este mismo año y la cuantía restante el próximo, con la previsión de finalizar las obras «a mediados de 2022». «Es una obra importante, da respuesta a una necesidad de mejora integral», indicó el consejero, quien recordó no obstante que ya el pasado año actuaron sobre hundimientos a su paso por Peñamellera Baja.

Otras dos infraestructuras rurales del concejo serán también renovadas con fondos de la Consejería, concretamente un camino ganadero entre Cimiano y Merodio, por importe de 80.000 euros. Al acceso a pastos de Robriguero destinarán otros 35.000.

Detallaron además que las ayudas al área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa, dotadas de 248.000 euros, se convocarán en breve. Sobre el espacio protegido, Calvo destacó el «trabajo» de la nueva mesa de participación, una «herramienta importante» para los concejos, que «tienen que poder beneficiarse del desarrollo económico del Parque Nacional».

Referencias

El Comercio